Elisa Pineda, Mauricio Hernández-F., Ana G. Ortega-Ávila, Alexandra Jones y Juan A. Rivera escriben un artículo en The Lancet (doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01493-4) en el que explican que en un contexto global donde los sistemas alimentarios son responsables de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero y del aumento de enfermedades no transmisibles (ENT) relacionadas con la dieta, la nueva Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible de México es un avance significativo. Esta ley convierte el derecho constitucional mexicano a una alimentación nutritiva y de calidad en un marco legislativo práctico, promoviendo la nutrición saludable y sostenible y posicionando a México como un líder global en política alimentaria.
Pocos países cuentan con medidas legislativas integrales para prevenir las ENT y promover sistemas alimentarios sostenibles. La mayoría ha adoptado acciones individuales, como el etiquetado nutricional frontal y los impuestos sobre alimentos altos en grasa, azúcar y sal (HFSS). Estrategias como la de «De la granja a la mesa» de la UE y la Estrategia Nacional de Alimentación del Reino Unido incluyen medidas de sostenibilidad e iniciativas dietéticas. Sin embargo, ninguna integra la prevención de ENT y la sostenibilidad de manera tan completa como la nueva ley mexicana.
La ley llega en un momento decisivo, ya que México enfrenta altas tasas de obesidad y ENT relacionadas con la dieta. En 2022, el 36,9 % de los adultos en México tenían obesidad, en comparación con el 16% mundial, y la diabetes afectaba al 18,3 % de la población adulta en México, frente al 10,5 % global. Estas condiciones tienen impactos económicos y sociales significativos, incluyendo una reducción del 5,3% en el producto interno bruto de México. Aunque inicialmente más prevalentes entre los ricos, estas ENT ahora afectan a personas de todos los niveles socioeconómicos, exacerbando las desigualdades.
La nueva ley mexicana establece un marco robusto para garantizar el derecho a una nutrición adecuada, priorizando la salud, la gestión ambiental, el acceso al agua, la salud infantil, el suministro y distribución de alimentos mejorados, la promoción de alimentos nutritivos, la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos, la provisión de alimentos en situaciones de crisis y la participación social en las estrategias alimentarias. La ley se basa en la planificación y colaboración entre entidades federales, estatales y municipales.
Una característica destacada de la ley es su marco de gobernanza, que utiliza estructuras gubernamentales existentes para evitar la creación de nuevas instituciones o capas adicionales de burocracia. La implementación es gestionada por el Sistema Intersectorial para la Salud, Nutrición, Medio Ambiente y Competitividad (SINSAMAC). A pesar de los desafíos logísticos en la creación de comités locales, estatales y nacionales, el mecanismo de coordinación participativa de SINSAMAC busca facilitar la planificación y organización efectivas a través de los niveles gubernamentales para promover la producción, distribución y consumo de alimentos equitativos, alineándose con las recomendaciones de la ONU.
El alcance ambicioso de la ley, que va más allá de las políticas anteriores centradas en la inseguridad alimentaria, abarca todo el sistema alimentario. Incluye objetivos como la prevención de ENT relacionadas con la dieta y la mitigación del calentamiento global. Este enfoque introduce desafíos de implementación, requiriendo cambios radicales para transformar los sistemas alimentarios. Se necesitan nuevos programas para mejorar la disponibilidad y promoción de alimentos nutritivos mientras se regula la comercialización de alimentos ultra procesados y HFSS.
Los desafíos inherentes a la coordinación multisectorial pueden generar resistencia. El mecanismo de coordinación multisectorial proporciona un foro para que estos debates ocurran y se resuelvan. El Programa de Inclusión Social Prospera en México integra esfuerzos de salud, educación y desarrollo social para mejorar la educación, salud y nutrición de las familias pobres, beneficiando a más de 6 millones de hogares en 2014.
La ley debe protegerse de influencias comerciales indebidas. Personas y organizaciones en la industria alimentaria pueden tanto beneficiar como perjudicar la salud humana y el medio ambiente. Aunque la ley promueve la participación de múltiples actores, también incluye salvaguardias contra influencias indebidas que deben ser reguladas y monitoreadas. El artículo 59 requiere que todas las entidades involucradas en SINSAMAC estén libres de conflictos de interés, asegurando decisiones en el interés público. Incentivos claros para el cumplimiento y sanciones por el incumplimiento son esenciales para mantener la integridad de la ley y promover una implementación efectiva, permitiendo al gobierno regular la industria alimentaria y prevenir daños de productos insostenibles.
Es alentador que la ley reconozca la soberanía alimentaria y la autoproducción, promoviendo un alejamiento de modelos de producción industrial neoliberales que comprometen la biodiversidad y fomentan el uso excesivo de agroquímicos. Esto responde a prácticas como el extenso cultivo de agave azul para tequila y la industria del aguacate, que han llevado a degradación del suelo y deforestación en estados como Jalisco y Michoacán, respectivamente. Estos ejemplos de agricultura intensiva insostenible subrayan la necesidad de apoyo regulatorio y de subsidios para fomentar prácticas agroecológicas sostenibles y justas.
Para promover la soberanía alimentaria, la ley incentiva la participación social mediante la creación de comités alimentarios para garantizar la participación comunitaria en el diagnóstico de problemas, la planificación y la ejecución. Programas como el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) de Brasil apoyan la agricultura local y comprometen a las comunidades en la toma de decisiones para fomentar sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos. Maximizar estos impactos requerirá mecanismos robustos de monitoreo y retroalimentación continua para asegurar que las percepciones comunitarias influyan directamente en la implementación y reforma de políticas.
La efectividad de la ley mexicana dependerá de una financiación adecuada, buena gobernanza, monitoreo, cumplimiento y evaluación para asegurar que se cumplan sus objetivos. Programas exitosos como el PNAE de Brasil demuestran que mecanismos similares pueden ser adoptados por otros países. La Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible es un paso audaz hacia la transformación del sistema alimentario de México, sirviendo como modelo para otros países. La replicación de este modelo implica desafíos únicos, pero con procesos de toma de decisiones transparentes y defensa sostenida, puede inspirar iniciativas similares en todo el mundo.
